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Las recomendaciones de la Comisión Europea no contemplan medidas de justicia ni cohesión social

Las recomendaciones no han tenido suficientemente en cuenta la situación actual y son contradictorias, incoherentes, o de difícil interpretación.

La CE valora la importancia de medidas como los ERTE y la instauración de la renta mínima y reconoce que los problemas del sistema sanitario obedecen a años de recortes. UGT rechaza el uso de argumentos de corte populista en el debate en torno al sistema público de pensiones.

La Comisión Europea hizo públicas ayer las recomendaciones específicas para España dentro del proceso de coordinación y supervisión de políticas económicas de los Estados Miembros de la Unión Europea que supone el Semestre Europeo.

Como es habitual, contiene considerandos (un diagnóstico que resumen los principales análisis y conclusiones) sobre el que se basan las recomendaciones y, a consecuencia de la crisis del COVID 19, se ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por lo que las recomendaciones específicas de país esta vez no tienen las habituales recomendaciones sobre convergencia a los objetivos de deuda y déficit.

Para la Unión General de Trabajadores (UGT), los mensajes más destacables son:

En primer lugar, el considerando 19, en el que se alude específicamente a que la crisis ha revelado que existían carencias tanto en la inversión como en la contratación y condiciones laborales del personal sanitario, circunstancia señalada repetidamente por nuestra organización y otras centrales sindicales europeas, así como por otros interlocutores, en el debate público, y que revela además la injusta tensión inherente a la gobernanza económica europea vigente: los países más golpeados por crisis anteriores -como fue la de 2009- son también a los que más ajustes se les exige hacer, y en un entorno con ingresos fiscales en retroceso, los servicios públicos por su tamaño y composición, vuelven a ser candidatos a ejecutar cuantiosos recortes (llamados ajustes) por la vía del gasto.

En segundo lugar, el considerando 22, destaca, por un lado, la insuficiencia del presente sistema de protección social español para dar cobertura a las situaciones de pobreza, que se muestra extensamente. A renglón seguido se menciona la introducción de la renta mínima. Aunque se menciona que no puede evaluarse en este momento su impacto en reducción de la pobreza y el empleo, globalmente el análisis de la Comisión da cobertura a esta medida. Por otro lado, se menciona que el sistema de protección social español se sustancia y materializa especialmente en las pensiones de jubilación, y que la suspensión de la reforma de 2013, caso de que no se lleven a cabo otros ajustes, hará que esta partida aumente en gasto, lo que no es del agrado de la CE.

Este análisis, que puede considerarse básicamente contable, se completa con un inusitado razonamiento de cariz subjetivo que alude a que, para mejorar la protección de la población más joven, las pensiones deben bajar en nombre de la “solidaridad intergeneracional”. Ni que decir tiene que el incremento de protección social de las situaciones de pobreza no requiere, ni prejuzga necesariamente, una desprotección de las personas de mayor edad, así como tampoco un menor peso de las pensiones públicas se traduzca (más bien al contrario) en una mejora de la protección a la pobreza.

Resulta bastante llamativo el uso del argumento de la “solidaridad” utilizado de esta manera cuando no es frecuente, o no se recuerda, que se haya usado el mismo razonamiento para hablar de la falta de progresividad del sistema impositivo (donde las rentas altas podrían “solidarizarse ” con las rentas más bajas) o con la desigual contribución a los recursos públicos por parte de los impuestos al capital privado comparado con la realizada por los hogares (donde podría aludirse a una solidaridad en el sostén de las sociedades). Tampoco vemos el concepto de “solidaridad” si se analizan los diferentes sistemas impositivos de los Estados miembro, donde la presencia de incentivos fiscales en alguno de ellos produce evidentes situaciones de injusticia que, siguiendo el razonamiento de la CE, debieran considerarse “insolidarias”.

Para UGT causa sorpresa que la Comisión, de cara a establecer la conveniencia de una reforma de pensiones, deje de usar un argumento como el de la estabilidad fiscal -con fuertes raíces objetivas-, y que se sustenta en los tratados para empezar a utilizar argumentos que hablan de una particular identificación de sistemas económicos con virtudes morales.

Además de que el presente acervo legislativo no parece dar sostén a las valoraciones de la Comisión en cuanto a “solidaridad” se refiere, parece una vía de razonamiento poco recomendable en la medida en que recuerda en exceso a los efectuados por posiciones políticas populistas en materias como la inmigración, o por formaciones antieuropeas en materia de sus contribuciones al presupuesto comunitario y que se enfocan en un determinado colectivo social, cuestionando de manera moral su tratamiento, explotando el necio y peligroso mensaje de que se beneficia indebidamente a unos a costa de otros. En cualquiera de los casos, UGT expresa su sorpresa y reprueba el que una institución como la Comisión se sirva de criterios tan alejados de los valores sobre los que se fundó la Unión Europea.

Recomendaciones

Por lo que se refiere a las recomendaciones, la primera de ellas es común a todos los países menciona la suspensión temporal de los objetivos de déficit y deuda por la situación del COVID 19, pero alude a adoptar “políticas fiscales encaminadas a lograr una posiciones fiscales prudentes a mediano plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda” cuando las circunstancias económicas lo permitan, al tiempo que piden “fortalecer tanto la inversión como la recuperación y capacidad del sistema de salud con respecto a trabajadores, suministros esenciales e infraestructura”, o lo que viene a ser lo mismo: sigue encaminada a mantener los déficits públicos y el endeudamiento bajo unos determinados umbrales, al tiempo que reconoce que la situación derivada de la crisis del COVID-19 obliga a invertir, recuperar y aumentar capacidad, considerados factores de gasto.

La segunda recomendación hace referencia a “preservar el empleo” usando mecanismos como los ERTEs, a extender la protección social a trabajadoras y “trabajadores atípicos”, a “incrementar la cobertura y adecuación de los esquemas de renta mínima”, así como a la instauración de “incentivos a la contratación” “formación en competencias” y “acceso al aprendizaje digital”.

Esta recomendación intenta abarcar de un solo párrafo todas las consecuencias en el empleo de la crisis, al tiempo que llama a garantizar rentas y protección a quien quede en paro, todo ello mencionando el sesgo que la capacidad para teletrabajar o relacionarse telemáticamente con las instancias educativas, está introduciendo. Puede entenderse como un respaldo explícito al uso de los ERTEs y también al programa de renta mínima del gobierno. Llama la atención la presencia tan explícita de los incentivos a la contratación, habida cuenta que las bonificaciones en la cuota empresarial de la Seguridad Social son un elemento altamente cuestionado por la cuantía e ineficacia, lo que UGT interpreta como una evidente concesión hacia las posiciones empresariales.

La tercera recomendación abarca tanto medidas orientadas a las pymes (facilidades de crédito y moratorias), como las recomendaciones de inversión, pública y privada, introduciendo al final los objetivos medio ambientales y de sostenibilidad.

Si la anterior recomendación apuntaba al factor productivo del trabajo, esta apunta al otro, al factor de capital y la inversión, abarcándolo todo. Principalmente señala prioridades de inversión en línea con el Pacto Verde europeo, que recordamos era la gran apuesta de la actual Comisión.

La cuarta recomendación abunda en mejorar la coordinación de los distintos niveles de la administración y mejorar el sistema de licitaciones públicas (un viejo tema muy recurrente para la Comisión, y en el que, aparentemente ha detectado en el apartado de mejoras administrativas).

Recomendaciones a veces contradictorias, incoherentes, o de difícil interpretación

Las recomendaciones específicas se producen en un contexto muy atípico y diferente del proceso que las sustancia.

Como UGT ha venido reclamando en distintos foros, las especiales circunstancias que concurrían este año hacían recomendable haber suspendido el semestre en marzo, tras el informe país y antes del confinamiento masivo. Al tratar de aunar una gobernanza pensada para una situación tan distinta como la que ha marcado la crisis del COVID-19, las necesidades similares, pero no uniformes, de la situación de emergencia en los distintos países se han añadido al análisis de medio plazo típico del semestre, lo que ha tenido como resultado la elaboración de recomendaciones a veces contradictorias, incoherentes, o de difícil interpretación.

Aun así, UGT valora que se ponga de relieve la importancia de medidas como los ERTE, que se apoye la instauración de una renta mínima y que se reconozca que los problemas del sistema sanitario obedecen a años de infradotación. En este último punto creemos que el discurso de las instituciones europeas ganaría en credibilidad si se reconociese el sesgo hacia las políticas liberales que tiene el actual sistema de gobernanza.

El sindicato deplora el uso de argumentos de corte populista en el debate en torno al sistema público de pensiones, y lamenta especialmente su uso por parte de una institución casi siempre cuidadosa como es la Comisión Europea, máxime en un contexto en que se está tratando de encontrar a nivel europeo una salida conjunta de la crisis que posiblemente implique contribuciones por parte de los Estados miembro y recepción de recursos por otros. En este sentido, UGT invita a reflexionar y resituar cuanto antes los análisis en unos parámetros que le sean más propios, como el de las trayectorias fiscales a largo plazo, la justicia y la cohesión social.