UGT FICA muestra su indignación por la nueva criminalización del Gobierno al diésel

La Federación rechaza la medida y reclama al Ejecutivo una política coordinada y consensuada con todos los agentes del sector

210415 Criminalizar dieselLa Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT muestra su indignación por la nueva criminalización perpetrada por el Gobierno a los vehículos diésel con el anuncio realizado ayer de que pretende eliminar la bonificación fiscal actual de la que gozan estos vehículos para equipararla con los propulsados por gasolina. Para UGT FICA se trata de una medida que no beneficia en nada a la industria del automóvil que va a tener un impacto negativo sobre el empleo y la producción.

La Federación rechaza que esta u otras medidas puedan ser adoptadas por el Gobierno sin ser discutidas y valoradas previamente con todos los agentes del sector en las mesas constituidas al efecto. UGT FICA defiende la importancia de cuidar el medio ambiente y por ello viene posicionándose desde hace años a favor de una transición ordenada, equilibrada y justa que evite el impacto laboral e industrial negativo que decisiones como la eliminación de la bonificación fiscal del diésel pueden tener sobre la industria del automóvil.

Por ello consideramos que se trata de una medida que viene a crear más incertidumbre entre los compradores de vehículos y va a repercutir negativamente tanto en la producción de estos segmentos de automóviles como en las plantillas y en los propios concesionarios, además de incidir en aún más la brecha social en materia de movilidad entre quienes se pueden permitir adquirir un vehículo nuevo o no. 

El sector del automóvil en nuestro país se enfrenta en la actualidad a numerosos retos, como la urgencia en dotar a la industria automovilística de las herramientas necesarias para encarar el rejuvenecimiento de las plantillas, así como para facilitar la formación y reciclaje de los trabajadores ante la transformación que supone la irrupción de la Industria 4.0, el vehículo verde, la apuesta por adecuar y mejorar el mapa logístico, y finalmente posibilitar un precio de la energía competitivo. Estos retos son lo suficientemente importantes como para requerir con urgencia una intervención en materia de política industrial consensuada con todos los actores de sector, que permita encarar el futuro con garantías. Por el contrario, optar por medidas unilaterales como la pretendida ahora por el Gobierno solo va a conseguir poner en mayor riesgo si cabe a un sector que supone el 10% del PIB de nuestro país y emplea a más 2.000.000 trabajadores y trabajadoras directa e indirectamente.