Por su interés, reproducimos el artículo de opinión del secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, publicado por el diario económico CINCO DÍAS el pasado 17 de julio, en el que analiza la situación de la industria durante los años del gobierno progresista y ante el reto del nuevo ejecutivo que salga elegido el próximo 23 de julio
Construir una política industrial eficiente en la que asentar nuestro crecimiento económico se ha convertido en la eterna asignatura pendiente de nuestro país. A pesar de su acuciante necesidad, cualquier paso concreto por ese camino parece nacer gafado, y la realidad nos ha brindado recientemente otro ejemplo más.
Tras muchos años de dejar hacer al mercado bajo la letanía de que “la mejor política industrial es la que no existe”, los resultados han sido los que cabía esperar, y así nos ha ido. La industria española se ha ido desangrando ante la falta de estímulos, y hoy apenas representa un 16% de nuestro PIB, muy lejos de la media de la Unión Europea, situada en torno a un 20%.
El impacto de la pandemia, el avance del cambio climático y el nuevo equilibrio geopolítico propiciado por la guerra en Ucrania, han resultado un baño de realidad y han vuelto a ubicar a la industria en el centro del debate, tanto a nivel nacional como internacional, independientemente del color político del discurso.
Pero, entre que, por un lado, nuestros políticos son muy dados a la procrastinación, y por otro, que el consenso en torno a una propuesta industrializadora ha brillado por su ausencia, el tiempo se ha ido dilatando y ha llegado el adelanto de las elecciones dejando en el limbo cualquier proyecto de política industrial para nuestro país. Y todo ello teniendo la mitad del camino recorrido gracias, esta vez sí, al consenso entre los agentes sociales al sentar las bases para un Pacto de Estado por la industria en el seno del Foro de Alto Nivel de la Industria Española.
De poco ha servido la buena voluntad del Gobierno de coalición de cara a la reindustrialización del país, pues se han quedado en el tintero tanto la esperada Ley de Industria, como el hipotético Pacto de Estado. La industria se ha quedado, por tanto, en el déficit de la legislatura.
Precisamente ahora, cuando más falta hace. Pues ahora, tras las pruebas de resiliencia a las que se ha visto sometida la economía global, cada vez más países están optando por una mayor soberanía industrial, interviniendo incluso en sectores estratégicos para reducir la dependencia externa. Se ha abierto un nuevo escenario de reubicación de cadenas de valor y de especialización de la producción, relocalizando procesos que antes se situaban en Asia y en países en desarrollo para aprovechar los bajos costes laborales.
En esta clave, en la de la autonomía estratégica, está también la Unión Europea, que está apostando por la industria como una palanca más en su camino hacia la consolidación del proyecto europeo. Y no solo como unidad política, pues en su seno, cada uno de los países miembros están jugando sus cartas hacia la reindustrialización para situarse estratégicamente en el nuevo tablero industrial europeo gracias al apoyo de los Fondos NextGeneration.
Independientemente de lo que ocurra el 23 de julio, y de la configuración del Gobierno que salga de las urnas, hemos de confiar en que no haga falta otro shock para que nuestra clase política reflexione y ponga a la industria en el centro de sus prioridades. Tampoco hacen falta más debates, lo que hace falta es más acción.
El tren de la modernización de la economía, el que nos conduciría hacia un nuevo modelo productivo, pasa una vez y no espera. El momento es ahora y no hay tiempo que perder, pues nos empuja la inercia de los procesos de descarbonización, circularidad y digitalización en los que estamos inmersos.
Es el momento de los grandes consensos en clave de país, de construir nuestro modelo industrial desde los cimientos para garantizar su efectividad a largo plazo independientemente de los Gobiernos que se sucedan.
Es el momento de la alta política, y una buena base para empezar es concretar el Pacto de Estado por la Industria sobre el que construir un modelo productivo industrial para asentar nuestro crecimiento económico. Un modelo para impulsar la competitividad, la productividad y la internacionalización de nuestra economía. Una política industrial que arrastre al resto de sectores, que desarrolle la innovación y haga extensiva la tecnología a toda la sociedad y, sobre todo, que genere en abundancia empleo de calidad, bien remunerado y con derechos.
Una política industrial articulada en torno a una Ley de Industria, con una gobernanza clara en la que institucionalice el diálogo social, en la que se integren medidas que garanticen la transición justa para todos trabajadores que se vean afectados por los procesos de cambio, que a su vez estén condicionadas a la creación y el mantenimiento del empleo. Con mecanismos que, entre otras cuestiones, contemplen la participación de los representantes de las personas trabajadoras en los ámbitos relativos al diseño, la consulta y el seguimiento de las medidas industriales a adoptar para ubicar a las personas en el centro de las decisiones.
Esperemos que, sea cual sea el resultado del proceso electoral, la industria deje de ser la eterna asignatura pendiente y nuestra clase política se centre en desarrollar un proyecto de país cargado de progreso y futuro gracias a la industria. Desde nuestra organización vamos a tender todos los puentes para conseguir ese objetivo.